JORGE ESPINOZA/@JorgeTelecom
En lo que va de año la penetración nacional de servicios de Difusión por Suscripción se ha incrementado en cuatro puntos hasta alcanzar 43,48% de los 7,16 millones de hogares que sugieren los más recientes resultados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Con excepción del efecto indirecto tras el cambio progresivo de códigos de encriptación de los principales satélites que distribuyen señales televisivas, efectuado durante el mes pasado, Venezuela se mantuvo sin una acción contundente o pronunciamiento abierto sobre la más seria amenaza hacia ese subsector de las telecomunicaciones, como ha sido la invasión comercial de decodificadores FTA (Free-To-Air) modificados mediante actualizaciones de software, a fin de acceder de forma fraudulenta a señales de servicios de DTH (Direct To Home) como los que en el país prestan DirecTV, Movistar, Cantv e Inter.
Por ahora neutralizados los piratas de la televisión satelital, es hora de releer la cartilla. El año pasado, a las cifras oficiales de la TV paga había que agregar 1,73 millones de clientes ilegales identificados en un estudio de mercado de DirecTV, lote que bien pudiera haber crecido como consecuencia de las dificultades hacia los planes de digitalización de cabeceras o haber bajado tras el proceso de legalización de compañías proveedoras que estaban al margen de las leyes. Asumiendo que la cantidad no haya variado en cinco trimestres, al sumarla a los 3,11 millones de clientes que sí pagan mensualmente ya sería posible hablar de un acercamiento al hito de los cinco millones de recintos con TV paga.
Omitiendo el hecho de que los servicios de CATV y DTH son instalados también en locales comerciales, educativos y edificios gubernamentales, entre otros, con la mencionada cuota añadida habría una penetración extraoficial total de 67 conexiones por cada 100 hogares. Los FTA alterados muestran todas las condiciones para agravar el índice de ilegalidad de no controlarse su importación y comercialización, so pretexto de distribuidores como los ubicados en Paraguaná de no consentir el mal uso que se pueda dar a los receptores más allá del concepto real del FTA y que el usuario es el único responsable de lo que hagan con éstos una vez que están en su poder.
El mes pasado DirecTV Chile reaccionaba por el explosivo aumento de la venta de decodificadores piratas y sus efectos negativos sobre el mercado. Aparte de la unión de voluntades de los proveedores de servicio y de contenidos (ver el site www.apagoncajaspiratas.cl), los satelitales aceleraron el calendario de cambio de codificación para cientos de canales de la mano de la suiza de software Nagra y desde la Fiscalía Nacional se instó a la población a no adquirir los aparatos en cuestión, aparte de la ejecución de operativos de incautación en la Zona Franca de Iquique, al norte del país.
Ante el vacío en la legislación vigente, diversos sectores están instando al Parlamento chileno a legislar al respecto y así estar en capacidad de combatir el delito como ocurre en otros países de la región, con miras a que siempre estará latente una vulneración de los mecanismos de seguridad asociados.
CONTRA AZBOX
A mediados del año pasado ante la Sección Federal de Sao Paulo, fue presentada una acción civil pública de responsabilidad con pedido de tutela anticipada por parte del Sindicato Nacional de Empresas Operadoras de Sistemas de Televisión por Suscripción (SETA, por sus siglas en portugués) y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Sistemas de Televisión por Suscripción y Servicios Especiales de Telecomunicaciones (Sincab), como defensa de los maleficios y amenaza provocada por la captación ilegal de las señales satelitales a través de los aparatos receptores genéricamente conocidos como AZbox (decodificadores FTA modificados), en claro atentado a las empresas operadoras licenciadas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
Ambas organizaciones advirtieron que de conformidad con el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, todas las modalidades de transmisión de TV por Suscripción se propagan a través del espectro de radiofrecuencias que representa un bien público limitado administrado por Anatel, por lo cual era necesaria la participación de la agencia en el litigio.
Citando el articulado de la Constitución Federal, V Ley Federal, Código de Defensa del Consumidor y la Ley de Acción Civil Pública, estas dos últimas en carácter complementario, pedían se detuviera la importación de equipos AZbox, AZ America, Lexusbox y semejantes, sin la certificación de Anatel que a principios de 2011 había condicionado su entrada a un proceso de aprobación que no fue del todo efectivo y causó, a decir de los demandantes, retracción de la actividad económica, desempleo y caída de la recaudación de tributos.
SETA y Sincab pedían además que la existencia de artefactos entre los comerciantes de Sao Paulo no pudiera ser comercializada por carecer de la aprobación de Anatel y que un grupo de sitios web dejara de divulgar información y vender los dispositivos, además de exigir a la corte citaciones, contemplar multas, pago de cotas procesales y honorarios de abogados y otras conminaciones legales.
En diciembre del año pasado, la Justicia Federal brasilera aprobó medidas tutelares a favor de los demandantes y citó a los acusados. En enero fue prohibida la venta, importación y publicidad de los decodificadores en un proceso encabezado por la Asociación Brasilera de Televisión por Suscripción (ABTA por sus siglas en portugués) por competencia desleal, pérdidas mensuales superiores a 50 millones de dólares y atentar contra la Ley General de Telecomunicaciones.
DOBLE FRAUDE
A tenor de la Ley N° 17.520 sobre penalización al uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de suscripción, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de Uruguay en julio de 2002, el Poder Ejecutivo promulgó hace tres meses un decreto que prohíbe «la fabricación, importación, venta, arriendo y puesta en circulación, de equipos receptores satelitales destinados a captar sin autorización, señales de televisión destinadas al servicio de televisión para abonados».
Aparte de la modalidad de pago único que caracteriza dicha oferta ilegal, en el país sureño los infractores han llegado al extremo de instaurar mensualidades para los compradores doblemente incautos, que ignoran el requisito de autorización como operador por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Asimismo, el presidente José Mujica vedó a través de un decreto, cualquier alteración o modificación de las redes de telecomunicaciones cuyo fin sea alterar el destino del servicio para el cual se otorgó permiso, autorización o licencia. Al mismo tiempo sustituyó el artículo 6 del decreto 115/003 de marzo de 2003, sobre incorporaciones o adaptaciones sobre la infraestructura de telecomunicaciones.
ANTENAS CHUTAS
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Comunicaciones y Transportes de Bolivia, decidió dar un paso al frente junto a sus vecinos para anular la recepción clandestina de señales con decodificadores modificados, prohibiendo directamente la venta y distribución de algunos modelos. Aun cuando hace mes y medio los proveedores satelitales cambiaron el tipo de encriptación, aparentemente en Bolivia ya se habla de los venideros modelos capaces de descifrar la nueva versión del software de Nagra, sin que el Viceministerio del Consumidor tenga potestad de decomiso.
Por lo pronto, tocará a los dueños de las señales acortar los lapsos de alteración de las claves criptográficas para que los fabricantes de los dispositivos, presuntamente ubicados en Asia y Europa del Este, se vean en la dificultad de no hallar con facilidad las nuevas y se les imposibilite distribuirlas a través de descargas automáticas, a los cientos de miles de tenedores de decodificadores ilegales.
No obstante, el documento presentado por SETA y Sincab en Brasil, señala que habría métodos alternos como dongles capaces de captar las claves a través de una segunda antena exclusivamente dedicada a esa función, que burlaría cualquier cambio dinámico de codificación, o tarjetas únicas inteligentes insertas en decodificadores legalmente instalados correspondientes a un suscriptor real, que redistribuiría la programación ilegalmente a través de internet.
La industria y los gobiernos de toda la región han de seguir sumando esfuerzos para neutralizar de manera definitiva el obscuro negocio. En Argentina la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales lanzó la campaña «Mirá Legal» para combatir la piratería y el hurto de contenido. En Ecuador la Superintendencia de Telecomunicaciones ejerció controles sobre quienes comercialicen servicios y equipos de forma ilegal.
En teoría ya pasado el vendaval, la Conatel venezolana, la Asamblea Nacional e instancias responsables de la importación y el comercio interno, debiesen sentarse con las cámaras que agrupan al subsector de la Televisión por Suscripción para discutir un plan de trabajo por si vuelve a llover.
